¿Desjudicializar la política?

Sobre la, pretendida por los independentistas (y asumida por la coalición de gobierno), «superioridad de la democracia sobre la ley» en un Estado de Derecho, quisiera recordar estas palabras indelebles de Raymond Aron: «El fin de una sociedad libre debe de ser la limitación, hasta donde se pueda, del gobierno de los hombres por los hombres y el de acrecentar el gobierno a través de las leyes. El hombre en sociedad que obedece a las leyes es en cierto modo ya un hombre libre, en el sentido político y en el filosófico. Se realiza a sí mismo como hombre libre obedeciendo a la ley», Abécédaire, L´Observatoire, 2020. Para un demócrata, este principio, se refiera a la situación actual de Venezuela (donde ya no hay Estado de Derecho) o la de España (donde por ahora sí lo hay) es elemental. Los demócratas, a diferencia de los facciosos y populistas de todo signo, cuando no hay Estado de Derecho, luchamos para que se restablezca cuanto antes, comenzando por una nítida separación de poderes y con él de las leyes que lo fundamentan. Exactamente es lo que ocurrió, después de la dictadura franquista, en España. Los demócratas, entonces, respetamos esas leyes (nos gusten más o menos en cada caso) y los cambios políticos sólo se pueden producir, según una lógica democrática, respetando las leyes vigentes y los procedimientos para su reforma. Lo demás solo puede traer el caos (yo acato esto, pero esto otro no; entonces aquel actúa a su guisa y desobedece en lo que quiere sin respetar los procedimientos; en definitiva, una forma burda y sentimental de “tomarse la justicia por su mano” como si uno mismo o los mal llamados derechos históricos fueran fuente de derecho), el caldo de cultivo ideal para que, destrozado el sistema que garantizaba los derechos de los que querían acabar con él, se reinstale un sistema político ajeno al Estado de Derecho que es consustancial a una democracia digna de tal nombre y que lo primero que hará será tragarse impíamente a los que lo habían horadado. Sea en nombre de los derechos sociales (respetables) o de los identitarios (nada respetables; ¡no confundamos, por favor, el viejo y noble concepto de pueblo con el de vulgo!)

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